Casa y apartamento

La vivienda pública significa que el gobierno posee y alquila un apartamento. Esta es la autoridad de vivienda (PHA). La familia paga una parte de la renta en función del ingreso de la familia. La renta es más baja de lo que sería en un apartamento privado. Esto es diferente de la vivienda de la sección 8. En la sección 8, un apartamento es propiedad de un propietario privado. El propietario recibe asistencia de renta del gobierno.

Un desalojo de vivienda pública es serio. Es posible que los inquilinos desalojados no puedan vivir en vivienda pública durante 3 a 5 años.

Se necesita una causa justificada para desalojar a un inquilino en vivienda pública. Las posibles razones deben enumerarse en el contrato de renta. Algunas de las razones más comunes son:

• No pagar la renta
• Violaciones graves o repetidas de términos importantes del contrato de renta
• Actividad delictiva relacionada con drogas por parte del inquilino o de cualquier invitado.
• Otras actividades delictivas por parte del inquilino o de cualquier invitado.
• Abuso de drogas o alcohol que amenaza la salud o la seguridad de otras personas
• Abuso de drogas y alcohol que perturba de manera grave y repetida a otros
• Tener personas que no figuran en el contrato de renta viviendo en la unidad
• Proporcionar información falsa a la autoridad de vivienda
• Tener los servicios públicos desconectados
• El incumplimiento de los requisitos de trabajo o notificación comunitaria
• El desalojo debido a actividades criminales no requiere un arresto ni una condena. Los propietarios deben demostrar que la actividad delictiva era más probable que no. 

Un inquilino puede ser desalojado por la actividad delictiva de otras personas. Esto incluye a los miembros del hogar, invitados o cualquier persona en virtud de su control. 

Un propietario no puede desalojar por ciertas razones. Por ejemplo, un propietario no puede desalojar legalmente a un inquilino porque el inquilino se quejó de buena fe ante una autoridad gubernamental sobre una violación del código de construcción, una ordenanza de salud o una regulación similar. Además, un propietario no puede desalojar legalmente a un inquilino debido a la raza, etnia, origen nacional, edad, estado familiar, discapacidad, estado de inmigración o estado militar del inquilino. El desalojo por estas razones puede ser discriminación en la vivienda.

Los motivos del inquilino para impugnar un desalojo de una vivienda pública dependerán de las circunstancias específicas del desalojo, incluidas las razones del desalojo, los términos del contrato de renta y la conducta del inquilino.