Inmigrantes e inmigración

La carga pública es un término legal en el derecho migratorio. Si el gobierno decide que una persona probablemente se convertirá en una carga pública en el futuro, se consideraría inadmisible. Esto significa que no pueden entrar en EE. UU., obtener visado ni obtener el estado LPR, a menos que se aplique una excepción o exención. Ciertas personas que ya tienen la tarjeta de residencia también podrían considerarse una carga pública y no poder volver a entrar en Estados Unidos tras un viaje al extranjero.

No existe una lista específica de acciones o características que conviertan a alguien en una carga pública. Los funcionarios de inmigración deben considerar cinco factores sobre las circunstancias de una persona, incluyendo sus:

• Edad,
• Salud,
• Estado familiar,
• Bienes, recursos y estado financiero, y
• Educación y habilidades.

No existe un único factor que decida un caso por sí solo. Los agentes deben analizar los cinco factores y decidir si es probable que se conviertan en una carga pública en el futuro. Esto suele denominarse prueba o análisis de "totalidad de circunstancias".

La carga pública se aplica a casi cualquier persona que solicite:

• Un visado para venir a Estados Unidos,
• Entrada en la frontera, y
• Estado LPR.

Si una persona no intenta entrar en Estados Unidos desde el extranjero, solicitar un visado o solicitar la green card, entonces el gobierno estadounidense no la considerará como carga pública.

Nota: Hay muchos solicitantes que están exentos de la prueba de carga pública.

Existen muchas categorías de personas que solicitan estado de inmigración o entrada en Estados Unidos, donde no se aplica el cargo público. Algunos ejemplos de personas exentas de carga pública son:

• Solicitantes de asilo, asilados y refugiados, 
• Solicitantes de Estado de Protección Temporal (TPS),
• Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA),
• Solicitantes de visa U, y
• Menores inmigrantes especiales.

Esta no es una lista completa de quiénes están exentos del motivo de inadmisibilidad por carga pública. Si alguien está exento, USCIS no evalúa la carga pública para su Solicitud en absoluto.

La mayoría de las veces, un titular de la green card que viaja al extranjero y vuelve no es tratado como alguien que está "solicitando admisión". Así que no se les vuelve a evaluar la carga pública cuando regresan a los Estados Unidos. Hay ciertas situaciones en las que los LPR son tratados como si estuvieran solicitando admisión, y por tanto la norma de carga pública se aplicará a ellos. La prueba de carga pública puede aplicarse cuando una LPR:

• Ha estado fuera de Estados Unidos más de 180 días seguidos,
• Abandonado o renunciado a su estatus LPR,
• Ha participado en actividades ilegales tras salir de Estados Unidos,
• Abandonó Estados Unidos mientras estaba en procedimientos de expulsión (deportación),
• Cometió ciertos delitos, o
• Intenta entrar sin documentos adecuados.

Un titular común de green card que realiza un viaje corto fuera de Estados Unidos no se ve afectado por la carga pública.

Si una persona está dentro de EE. UU. y solicita una green card u otro beneficio migratorio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) aplicará la prueba de carga pública mientras tramita el caso de alguien.

Si una persona está en la frontera y solicita la admisión, incluidos ciertos titulares de tarjeta verde, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) determinará si es probable que alguien se convierta en un cargo público. 

Si una persona solicita un visado y se encuentra físicamente fuera de Estados Unidos, el Departamento de Estado de EE. UU. (DOS) aplicará la regla de carga pública. 

Una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) que entra en vigor el 18 de septiembre de 2026 solo se aplica a USCIS y CBP, no al DOS. 

La nueva norma de carga pública del DHS aborda cómo recibir beneficios públicos podría hacer que una persona sea probable que sea una carga pública en el futuro. Esta norma entra en vigor el 18 de septiembre de 2026. La norma no cambia la ley que exige a los agentes examinar la totalidad de las circunstancias y los cinco factores mencionados anteriormente. Solo aclara cómo encaja recibir beneficios públicos en la parte de recursos y estado financiero de la prueba. Estos cambios solo se aplican a ciertas personas que solicitan beneficios o buscan admisión a través de USCIS o CBP.

USCIS también emitió nuevas directrices sobre esta nueva norma, que solo se aplica a las personas que solicitan la green card en USCIS. Antes, USCIS solo consideraba la obtención de dos beneficios públicos como un posible factor negativo bajo el análisis de la totalidad de las circunstancias:

• Asistencia monetaria para el apoyo de ingreso, y
• Atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno.

La nueva norma 2026 y la guía del USCIS ahora establecen que los funcionarios pueden considerar la recepción de cualquier beneficio público sujeto a comprobación de medios como un posible factor negativo para determinar la carga pública. La nueva norma solo cuenta los beneficios recibidos a partir del 18 de septiembre de 2026. Las prestaciones recibidas antes del 2026 de septiembre, 18, siguen evaluándose bajo el estándar más antiguo y restrictivo.

Nota: Al momento de redactar este Artículo, CBP no ha emitido directrices sobre cómo tratarán a los solicitantes de admisión, incluidos los titulares de green card, en la frontera.

Las prestaciones condicionadas por medios son programas públicos que solo están disponibles para personas con bajos ingreso o con pocos bienes. Ejemplos de beneficios públicos comunes sujetos a comprobación de recursos son el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y Medicaid regular (no de emergencia). Las prestaciones obtenidas por el trabajo, como el desempleo, Medicare o el seguro social, no son prestaciones sujetas a renta.

La nueva norma no distingue entre programas financiados federalmente y estatales con criterios de recursos. Esto significa que USCIS puede considerar la percepción de beneficios financiados solo por el estado, como los beneficios de salud para personas mayores inmigrantes, a la hora de decidir si es probable que se conviertan en una carga pública. 

La prestación sujeta a recursos debe ser financiada por el gobierno para contar como carga pública. Acceder a servicios de organización benéfica financiados privadamente, como las despensas de alimentos, no contaría para la carga pública.

No por sí solo. Los agentes deben considerar los cinco factores en la prueba de la totalidad de las circunstancias. Haber recibido o estar recibiendo beneficios públicos no debería ser suficiente por sí solo para denegar un caso. Incluso si alguien nunca ha recibido beneficios públicos, sigue siendo posible que se considere una carga pública.

Al evaluar el uso pasado o actual de los beneficios, USCIS analiza cuánto se recibió, hace cuánto, durante cuánto tiempo y por qué (por ejemplo, una pérdida temporal de empleo o un embarazo), y si es probable que la razón subyacente continúe. Los propios ejemplos publicados por USCIS muestran que las personas que recibieron beneficios como WIC durante el embarazo, o un breve periodo de asistencia monetaria años antes, aún no tenían probabilidades de convertirse en un cargo público una vez que se consideró su situación completa.

Sí. Según las nuevas directrices de USCIS, un solicitante de green card podría considerarse probable que se convierta en una carga pública si un familiar recibe beneficios públicos. Esto se aplica cuando un solicitante está legalmente obligado a mantener a su familiar, y el familiar cumple los requisitos para beneficios porque el ingreso y los bienes del solicitante son bajos. El ejemplo más común es cuando un niño recibe prestaciones sujetas a comprobación de medios, basadas en el ingreso y bienes de su progenitor no ciudadano. Aquí, el recibo de la prestación del familiar contará en contra del solicitante. El beneficio no se considera que el solicitante lo "recibe", pero sí cuenta como prueba de los recursos financieros propios del solicitante. El USCIS analizará esto y los otros cinco factores para determinar si es probable que el solicitante se convierta en una carga pública.

No automáticamente, y esta decisión no debería tomarse en solitario. Suspender las prestaciones puede no cambiar el resultado de un caso de inmigración. Renunciar a prestaciones de las que una persona o su familia depende para la salud, la comida o la vivienda puede causar un daño real. Las decisiones sobre carga pública se basan en toda la situación de la persona, no en un solo hecho aislado.

Cualquier persona que esté recibiendo, o considerando solicitar, un beneficio público, y que también planee solicitar una green card, debería hablar con un Abogado de inmigración cualificado o con un proveedor de servicios legales reconocido por el Departamento de Justicia (DOJ) sobre su situación específica antes de decidir dejar de recibir una prestación. Los residentes de Illinois pueden buscar ayuda legal sin costo o de bajo coste a través de la herramienta Obtenga ayuda legal de ILAO.

Esta es una norma completamente nueva que podría enfrentarse a desafíos legales. El historial migratorio y de prestaciones de cada persona es diferente. Cualquier persona que tenga preguntas sobre su propia situación debería hablar con un abogado de inmigración o con un proveedor de notificación legal reconocido por el DOJ. El Sitio web de la coalición Protecting Immigrant Families ofrece información actualizada sobre la carga pública para no ciudadanos. Los residentes de Illinois pueden utilizar la herramienta Obtenga ayuda legal de ILAO para buscar ayuda legal sin costo y de bajo costo cerca de ellos.